El pasado 9 de junio, se firmó el VIII Convenio marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal. Desde entonces, el VIII Convenio colectivo ha causado un gran revuelo en el sector de la dependencia, sobre todo, en el ámbito judicial.
Por este motivo, hemos entrevistado a Mónica Monserrat Sanz, abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid desde el año 1998, con 10 años de experiencia en derecho laboral y 20 años en derecho civil.
Asimismo, Mónica es abogada del bufete colaborador de AMADE (Asociación Madrileña de centros privados de la Comunidad de Madrid) y la experta de referencia que dirigirá la formación de FTF para conocer y saber cómo aplicar el nuevo Convenio en los centros sociosanitarios.
Pregunta: ¿Considera que este convenio es un avance para el sector de la atención a la dependencia?
Respuesta: Todas las negociaciones de los convenios son importantes y suponen un avance positivo para las partes. En el caso contrario, no se actualizarían y adaptarían a los tiempos que evolucionan constantemente.
Partimos de que estamos ante un sector muy complicado en el que convergen cuatro partes muy importantes que son el organismo del que este sector depende desde muchos puntos de vista; la empresa como tal que son todas y cada una de las residencias o centros de mayores; el personal que trabaja en ellos; y los propios residentes.
La dificultad de intentar unir cuatro criterios tan dispares, como se ha visto a lo largo de todos estos años, es enorme y requiere de muchísimo trabajo. Por eso, no sólo podemos centrarnos en el avance que ha supuesto la aprobación de este Convenio, sino la importancia que han tenido los convenios anteriores para conseguir derechos muy importantes como lo conseguido en el II y III Convenio y sobre todo el VII que supuso avances muy considerables que han sido aclarados y consolidades en este VIII Convenio colectivo.
Es decir, que seguimos avanzando positivamente, pero quizás no sea el convenio donde se haya visto cambios excesivamente significativos – ya conseguidos en convenios anteriores- pero si importantes.
P: ¿Cuáles son los principales beneficios de este Convenio para los profesionales del sector sociosanitario?
R: Como ya he mencionado, la consolidación y aclaración de los derechos recogidos en anteriores convenios. Incluso, podríamos decir que ha facilitado su entendimiento y aplicación.
En cuanto a los cambios más significativos, podríamos mencionar:
- Extender la aplicación del Convenio a todos los ámbitos excepto el público.
- Se elimina la autorización por parte de la Comisión paritaria para negociar convenios por debajo del estatal, ahora mismo solo se exige la información abriendo la puerta a posibles convenios autonómicos, sectoriales ….
- Contratación indefinida sobre la limitación de la contratación temporal y de formación.
- Diferencia clara entre el puesto de gerocultor y personal de limpieza.
- Constitución de un Comité Central y Seguridad y salud y su funcionamiento
- La obligatoriedad de los informes médicos de salud por parte de los trabajadores.
- Cambios en la jornada de trabajo y la determinación de las horas y forma de desempeñarlas.
- Ningún trabajador puede estar por debajo del SMI
- Mejora en el complemento por IT.
Todos estos cambios son importantes y fruto del trabajo de negociaciones de muchos años.
P: ¿Qué retos y desafíos se presentan en la aplicación y cumplimiento efectivo del VIII Convenio marco estatal?
R: El reto para mí más complicado es que se lea realmente el Convenio. Nos hemos dado cuenta que se sabe que existen los Convenios colectivos, pero a la hora de la verdad no siempre se leen, interpretan y aplican cuando surge un problema con los trabajadores y viceversa.
Nos dejamos llevar por la información a veces incorrecta que vemos en Internet o medios de comunicación, pero no hacemos lo más importante que es acudir al Convenio colectivo.
Esto está provocando muchos conflictos en el sector que está llenando los tribunales de demandas y, muchas de ellas se podrían resolver con un buen asesoramiento a la hora de aplicar los convenios.
Como ya he adelantado a lo largo de todos estos años se ha ido perfeccionando la regulación del sector y, aunque nunca está todo hecho, la claridad del convenio ha evolucionado enormemente y debería estar sobre la mesa en todas las residencias y centros de mayores.
No se está aplicando bien el convenio porque no se consulta o no se interpreta correctamente, algo que se está viendo a diario.
Se ha incrementado enormemente el número de demandas en los juzgados laborales tanto por despidos por negligencias en el ejercicio de las funciones de los trabajadores como en reclamaciones de cantidad por mala aplicación del Convenio.
Los tiempos han cambiado mucho desde el punto de vista judicial, parece que antes valía todo y ahora no vale nada. No nos podemos olvidar de ninguna manera lo delicado del sector de atención a personas dependientes.
Por este motivo, el VIII Convenio colectivo y las legislaciones futuras tienen que estar destinadas a evitar abusos por todas las partes implicadas, endureciendo las malas praxis no solo de las empresas sino también de sus empleados. En este sentido, no podemos olvidarnos de que también hay deberes y el mal hacer de todas las partes provoca situaciones bastante complicadas en algunas residencias.
Puedo parecer muy radical en mi pensamiento, pero está basado en el día a día de los tribunales y como siempre digo, todos los extremos son malos. La teoría es muy bonita pero la práctica es la que tiene que llevarnos a tomar decisiones que mejoren la estabilidad de todas las partes que participan en este sector y eso es lo realmente complicado.
